Europa no indemniza a los afectados por la caída del Popular

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König

"La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe 'Valoración 2' de que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de de resolución", explica la institución europea en un comunicado que publica tanto la decisión preliminar como la versión no confidencial del informe.

No obstante, la entidad presidida por la alemana Elke König antes de tomar una decisión formal debe completarse al procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones.

En ese sentido, los accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular recibieron ayer "decepcionados, pero no sorprendidos", la decisión preliminar de la Junta Única de Resolución de no compensar a los afectados por la amortización, y apuntan a la vía civil como la más factible para lograr un resarcimiento.

El informe destaca que, en cualquiera de los tres escenarios, las pérdidas para los acreedores de BPE hubieran sido mucho mayores que en resolución y los clientes, incluidos depositantes, que no se vieron afectados por las medidas de resolución, también habrían sufrido pérdidas. Entre los motivos que cita están un cese "abrupto" de la actividad de negocio, la pérdida de clientela, un proceso "ineficiente" de realización de activos y reclamaciones y costes adicionales "a menudo significativos".

En su informe, Deloitte considera tres escenarios de tiempo alternativos (18 meses, 3 años y 7 años) de cara a la liquidación mediante un procedimiento de insolvencia ordinario.

El escenario de 18 meses, incluido en el informe y que refleja la Ley concursal española, es considerado altamente improbable por Deloitte.

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Además, según el informe, la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habría tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros de la entidad.

En concreto, la consultora Deloitte calcula que, dependiendo del escenario, las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.

En un escenario con un periodo de liquidación a tres años, las pérdidas para los acreedores habrían ascendido a entre 26.000 y 31.600 millones, con pérdidas del 100 % para la renta variable y subordinada y de entre el 24% y 44% para los acreedores no asegurados (entre 5.800 y 11.500 millones en el mejor y peor caso, respectivamente).

El escenario de siete años, que representa una reestructuración de los activos a mayor plazo con el fin de obtener tasas de recuperación más altas, todavía daría como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 y 8.500 millones. Y además excluye cualquier "efecto negativo en el sector financiero español o en la economía que podrían haber resultado de una liquidación no planificada de Banco Popular". El último informe sobre la operación revela que estos hubiesen perdido aún más en un proceso de insolvencia al uso.

La JUR ha abierto desde este mismo lunes la primera fase del procedimiento para el derecho de audiencia. Esta fase durará hasta el 14 de septiembre.

Sin embargo, la decisión final solo se adoptará una vez que los afectados que así lo deseen hayan expresado su opinión a la JUR a la vista del informe y la decisión preliminar.

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